La funcionaria de la Defensoría del Pueblo regional Pacífico, Mónica Andrea Bravo Bermúdez, enfrenta cargos de secuestro simple agravado, amenazas y torturas, en los que resultaron víctimas tres trabajadores suyos, entre ellos dos extranjeros.

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buenaventura (Valle del Cauca), le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad en establecimiento carcelario, tras considerar que representa un peligro para la sociedad.

En la misma investigación, y por idénticos delitos, también fue a la cárcel Javier Enrique Bermúdez Yesquen, amigo de Mónica Andrea Bravo Bermúdez, quien la secundó en la maniobra delictiva señala la investigación.

Los hechos por los que la funcionaria está siendo investigada datan del 31 de enero de este año, cuando según la denuncia que le instauraron contrató a dos delincuentes de una llamada ‘oficina de cobro’ de Cali, para recuperar 40 millones de pesos que desconocidos le robaron en su residencia.

Bravo Bermudez citó en la vivienda a un empleado que le colaboraba con los servicios de aseo, y a dos extranjeros que habían efectuado un trabajo reciente en la casa, a quienes consideraba responsables del robo. 

"En el interior del inmueble los tres trabajadores fueron amenazados con armas de fuego por los sujetos venidos de Cali, quienes se habrían identificado como integrantes de oficina de cobro", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Durante varias horas las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego y obligadas a responder por el hurto de los 40 millones de pesos.

Ese mismo día obligaron a los trabajadores a subir en dos vehículos, en los que los trasladaron hacia una finca de la funcionaria donde fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes. 

"Se les ató de pies y manos, y los sometieron a golpes, torturas y amenazas, con el fin de obligarlos a decir dónde y quién se había quedado con el dinero", sostuvo la Fiscalía

Hacia las 10:00 de la noche las víctimas fueron trasladadas de nuevo a Buenaventura, donde siguieron los vejámenes, y amenazas de que si denunciaban a las autoridades lo ocurrido serían asesinados. 

Al entrar a resolver con arresto la situación jurídica a Mónica Andrea Bravo Bermúdez y su amigo Javier Enrique Bermúdez Yesquen, el juez tuvo en cuenta la condición de funcionaria de la Defensoría del Pueblo, entidad que se encarga de proteger los derechos humanos de los ciudadanos.